Fue en el año 2018 cuando se celebró un contrato por 5 años por el arriendo de un terreno ubicado al costado del camping "María Isabel" al interior de la comuna de Tierra Amarilla, específicamente en Sierra El Granate, Sector La Florida, el que se encuentra ubicado al costado de la Ruta C33, ex C35, Kilometro 2.4. En dicha ocasión, la familia Soto García acordó con Luis Nibaldo Cortés y su Hijo don Norman Cortés V arrendar la Planta de Procesamiento de Minerales “María Isabel”, la que se encuentra emplazada, en un terreno de aproximadamente 3 hectáreas, de uno de mayor extensión de 7.33 hectáreas, donde los primeros seis meses se cancelaría un pago de 2 millones de pesos mensuales, para luego concluida la fecha, sería de 5 millones de pesos mensuales. Sin embargo ese mismo año, 2018, quién había comprometido en arriendo, no canceló nunca más hasta la fecha.
"Como familia tenemos todo el terreno de "María Isabel" y dentro de eso, hay 7 hectáreas, de las cuales arrendamos 4 hectáreas, la que incluía una planta más un taller que procesaba el material. Sin embargo, el arrendatario no solo dejó de pagar hasta hoy el arriendo, sino que además, dejó de cumplir con la responsabilidad de no pago de la energía eléctrica. Durante los años 2020, 2021 y 2022, instancia en donde se realizó diversas denuncia en CGE principalmente por: intervención de empalme de la familia Soto García, robo de energía domiciliaria, daños fase eléctrica y robo de energía alta. De igual manera, esta situación acarreo una deuda que como familia tuvimos que negociar con la empresa quedando una deuda de 59 millones. De igual manera, colocamos un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones por esta irregularidad y también en Fiscalía, la que aún se encuentra en investigación", contó Nelson Soto García, hijo y administrador de las propiedades de la familia.
Esta situación no sólo acarreó una deuda que debió responsabilizarse la familia, sino que de igual manera, tuvieron que interponer una denuncia, en el año 2022, por término de contrato de arrendamiento, en el Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó instancia judicial que fue confirmada por la Corte de Apelaciones. No obstante, según contó Soto García, al momento de realizar el desalojo, estando en el terreno el Receptor con la Fuerza Pública, éste recibe una llamada supuestamente del secretario o secretaria del Tribunal, quién le señala: “Había sido RECUSADO, por el ex arrendatario y en definitiva, ese día no se pudo realizar el desalojo, lo que deja ver que el ex arrendatario ha utilizado y sigue utilizando todos los resquicios legales que “la ley le permite”, para evitar el desalojo de nuestra propiedad, mientras nuestra familia sigue siendo vulnerada en sus derechos”, destacó Nelson y además agregó que: “Otra de las irregularidades fue en el año 2021, cuando los señores Cortés, padre e hijo, intentaron regularizar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, sectores de la propiedad que mis Padres le habían dado en arrendamiento, situación que fuimos alertados por la propia autoridad y de esta forma evitamos que inscribiera el terreno a su nombre”.
Las irregularidades continúan, manifestó Cristián Soto García, hermano de Nelson, que en conjunto administran los inmuebles de sus padres: “Durante todos estos años ha estado arrendando la planta a otras empresas, en el presente está la empresa SOLENOR, está realizando “trabajos de MAQUILA” y nos tienen cerrado el acceso principal de la planta de procesamiento de Minerales, y un camino interior, cuyo acceso principal corresponde al ingreso de camiones de alto tonelaje, como por ejemplo: para carga y descarga de minerales, camiones aljibes y otros, cuyo camino principal e interior van directamente a las canchas de acopio de Minerales y al buzón, un estanque de agua, entre otros sectores del Terreno”, declaró Cristián Soto García.
QUERELLA Y SERNAGEOMIN
"Hemos hecho un largo recorrido por distintos organismos públicos denunciando esta situación, no solamente el señor Cortés está utilizando electricidad de forma ilegal, sino que también hemos denunciado en Sernageomin porque la planta no cuenta con los permisos para funcionar, la cual está contaminando los relaves de nuestra propiedad, además de contaminar el sector y las áreas verdes que existen en el lugar, sino que de igual forma, están exponiendo a diversas familias que viven en el sector”, argumentó Cristián Soto.
Es con fecha 31 de octubre del 2023 que Sernageomin acude a la fiscalización, donde toman declaración del sr. Cortés Jara, quién aparentemente falsea los datos indicando que ese terreno le pertenece: “Cuándo se llevó a cabo la declaración del arrendatario indicó y dio los datos de nuestra Planta, la que está de forma regular y está situada al lado de la que él construyó, sin embargo, así fuese real ya hay una sentencia del año 2022 del termino de contrato por parte de la Corte de Apelaciones, por tanto no entendemos el proceder de la fiscalizadora”, recalcó Cristián Soto.
Es por ello que, solicitaron la asesoría de un prevencionista de riesgo, quién revisó el material audiovisual de años y concluyó que: “Los relaves siempre son contaminantes en sí mismo, y por tanto, son consideradas tóxicas para el ser humano, como la presencia de arsénico, cianuro, plomo, entre otros y por cualquier causa relevante como el agua u oxígeno, pone en peligro, como dije, a las personas y medioambiente, y acordé a lo revisado estaría incumpliendo la Ley 19.300 del medio ambiente, y la exposición puede generar problemas de salud grave como tos, hemorragia nasal, úlceras. Ni hablar arsénico, tanto en el propio relave como en polvo, expone a la muerte, es por ello que si existe en Ministerio de Salud y Sernageomin una denuncia, no comprendo cómo es posible que, fiscalicen luego den cierre de la planta y luego no revisen nuevamente si, quien ha sido sancionado retome las labores impunemente”, dijo Denzo Zazoni, Prevencionista de Riesgo.
Y, es que los estándares del manejo del relave deben adecuarse a las leyes mineras, relató el prevencionista de riesgo en donde se debe encarpetar: “Se debe crear una capa que evite que el relave contamine a las personas y el medio ambiente, ya sea por medio de las filtración a las napas subterráneas como por el viento y el arrastre de polvo contaminado, ya que el ácido sulfúrico presente al reacciona con el agua provoca estos problemas y en este caso, debemos recordar que en Chile, las normas que rigen los depósitos de relaves son reguladas por el acuerdo DS2048 del año 2007 e insisto esta situación es gravísima”.
Es en ese sentido que, la Familia Soto García interpuso una denuncia en la Ministerio de Obras públicas, en la DGA, en el mes de diciembre del año 2023, donde indican que existe una intervención del cauce y defensas del río Copiapó: “Aparte de estar contaminando las napas subterráneas de igual manera, irrumpieron la defensa del río de Copiapó y se pasaron al otro lado, en donde denunciamos a padre e hijo y además, la empresa que actualmente arrienda ilegalmente el terreno y realiza faenas”, acotó Nelson y finalmente puntualizó: “Esta es la segunda vez, que vamos al Minsal a interponer otra vez una denuncia, en este caso por el relave. La primera vez fue, el 20 de diciembre del 2023 y desde el organismo público indicaron que se realizó un sumario sanitario en contra el responsable del terreno por la constatación en el momento de un manejo inadecuado de residuos peligrosos y no peligrosos, además de provocar serios riesgos a la salud de la comunidad aledaña al terreno. Sin embargo, hasta hoy, sigue funcionando ilegalmente”.
Es por esto que, se interpuso una querella, para que por medio de otra instancia judicial sea expulsado y se lleve a cabo: “Debido a que se ha intentado expulsar al arrendatario y esto no ha ocurrido, se interpuso una querella por los delitos de usurpación NO VIOLENTA causando daños y por el delito de hurto de energía eléctrica" manifestó Juan Riquelme, abogado patrocinado por la familia Soto García, donde también explicó que: “Lo que sucede es que esta imputación es súper grave, ya que por esos delitos podrían cumplir de manera efectiva las penas toda vez que, la modificación legal del delito de usurpación sanciona con penas de 3 años a quienes usurpen causando daños, y en este caso en particular, lo que ha sucedido respecto de parte del predio tomado por estas personas y además que de manera totalmente ilegal han hurtado energía eléctrica a personas de la tercera edad con diversas patologías precarizado aún más sus condiciones. Actualmente, generan consumos de energía eléctrica por sobre los 30 millones de pesos. La querella está en el Juzgado de Garantía de Copiapó y ya se declaró admisible, por tanto se remitió a la Fiscalía Local de Copiapó, quien ordenó diligencias para próximamente formalizar", concluyó el abogado.
Por último, Nelson Soto, indicó que recientemente había llegado funcionarios de Carabineros a la planta ilegal: “mis hermanas me comunicaron que fue CGE con Carabineros para desconectarlos de la línea de alta, de donde está conectados el ex arrendatario Luis Nibaldo y la empresa que está maquilando “Solenor” de manera ilegal, y no los dejaron pasar sin tener ninguna documentación es decir, que tenían que venir con una orden judicial”.