Luego de la condena que derivó en las penas efectivas de cárcel más altas aplicadas en el país por delitos de corrupción cometidos en una municipalidad, la Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó las penas impuestas en contra de los involucrados luego de rechazar los argumentos presentados por las defensas de los condenados que buscaban dejar sin efecto las sanciones obtenidas por la Fiscalía ante el Tribunal Oral de Copiapó en el caso denominado “Operación Pureza”.
La indagatoria, a cargo de la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía Local de Copiapó, investigó hechos constitutivos de delitos cometidos en la Municipalidad de Tierra Amarilla, cuyos antecedentes se argumentaron ante el Tribunal Oral en un juicio que se extendió por más de seis meses y en los cuales la Fiscalía logró acreditar que el alcalde suplente de la mencionada comuna y algunos de sus colaboradores de confianza realizaron acciones administrativas coordinadas para ofrecer determinadas licitaciones a sobre precio a cambio del pago de coimas.
En los alegatos ofrecidos por la Fiscalía ante los Ministros de la Corte de Apelaciones se argumentó que los antecedentes reunidos en la investigación de este caso, en la que la Fiscalía contó con el importante apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, daban por acreditada la actuación ilegal de los condenados quienes actuaron concertados para la comisión de los ilícitos por los que fueron acusados y posteriormente condenados.
El fallo de la Corte de la Apelaciones fue valorado por el Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, quien mencionó que el rechazo de los recursos de nulidad significan una valoración al trabajo profesional y objetivo del Ministerio Público ante delitos graves que ocasionaron un daño importante al desarrollo comunal de Tierra Amarilla y sus habitantes. “La investigación de los delitos económicos resultan especialmente complejos de investigar por las condiciones y contexto en que estos se cometen. Sin embargo, el trabajo de los Fiscales de Copiapó que integran la Unidad de Causas Complejas, junto a la función investigativa de la PDI, llevaron a que en esta investigación se obtuviera la pena efectiva de cárcel más alta que se ha aplicado en el país por delitos de corrupción. Cuestión histórica que marca un importante hito jurídico para la Fiscalía y entrega, además, una señal importante respecto de las sanciones que actualmente contempla la Ley ante delitos de esta naturaleza”, dijo.
SENTENCIAS
Las sentencias obtenidas por la Fiscalía y que fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones indican que el ex alcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales Carrasco, cumplirá 17 años de presidio mayor en su grado máximo por delitos de fraude al fisco y cohecho, ambos reiterados, además de una pena de 5 años y un día de cárcel por el delito de asociación ilícita, junto a una multa de 82 millones de pesos.
Además, deberán cumplir penas privativas de libertad, Alejandro Mella, ex administrador municipal, por su autoría en los ilícitos de fraude al fisco y cohecho reiterados quien fue sentenciado a 5 años y un día, además de 541 días de presidio y al pago de una multa de $100 mil pesos. Se suman a ellos, el ex director del DAEM de esta municipalidad, Osvaldo Carvajal, quien fue condenado como autor de asociación ilícita y cohecho, debiendo cumplir la sanción de 5 años y un día, y la pena de 541 días en la cárcel de Copiapó.
Junto con ellos, la exfuncionaria de la Secretaría de Planificación (SECPLA) del municipio, Dániza Hidalgo, quien fue condenada por su responsabilidad en los ilícitos de fraude al fisco y cohecho reiterados como asimismo por el delito de asociación ilícita, fue sentenciada a penas efectivas de cárcel de 5 años y un día, y 541 días, respectivamente. Siendo sentenciada, además, al pago de una multa de 18 millones de pesos. Respecto de la directora de SECPLA, Nathaly Ordenes, condenada por asociación ilícita y fraude al fisco, el Tribunal determino penas de 3 años y un día, además de 541 días de presidio, las cuales se cumplirán bajo la libertad vigilada intensiva al cumplirse los requisitos regales.
Cabe recordar que los condenados Boris Pérez, Claudia Bertoglia, Hugo Maya y Nelson Vieytes, de quienes la Fiscalía pudo acreditar su participación en delitos, sus penas se dieron por cumplidas dado el tiempo que se mantuvieron bajo medidas cautelares durante el desarrollo de esta investigación. Estableciendo el Tribunal que deberán pagar multas por distintas sumas de dinero.
Finalmente, se determinó que todos los condenados quedaron inhabilitados para cumplir cargos públicos a perpetuidad.