Fiscal Luis Miranda está a cargo de la investigación que indaga hechos que habrían llevado a la empresa a pagar millonarias cifras a cambio que la Municipalidad no continuara con acciones legales que impidieran su proyecto de expansión.
La mañana de este martes la Fiscalía de Atacama formalizó los antecedentes de una extensa y compleja investigación que dirige, y que indaga presuntos delitos de cohecho y soborno cometidos a partir de un convenio entre la Municipalidad de Tierra Amarilla y Minera Candelaria en el año 2015.
De acuerdo a los argumentos entregados por el fiscal de la causa, Luis Miranda Flores, en el año 2013 la mencionada empresa presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, el estudio de impacto ambiental del proyecto “Candelaria 2030-Continuidad Operacional” que buscaba extender la vida útil del yacimiento que mantiene sus operaciones en esta comuna. Según la investigación, a partir de esta presentación el alcalde de la época e imputado en esta indagatoria, quien no se presentó a la audiencia por estar hospitalizado en el Hospital Regional de Copiapó, Osvaldo Delgado Quevedo y sus asesores, advirtieron en esa instancia una oportunidad de obtener de manera ilegítima e irregular beneficios económicos por parte de la empresa, utilizando para ello la función pública que desempeñaban.
“La investigación de la Fiscalía, desarrollada con funcionarios de la Bridec de la PDI de Copiapó, da cuenta que desde el Municipio se ejecutaron diversas conductas destinadas a provocar una negociación con la empresa utilizando la institucionalidad ambiental. Procediendo además a la contratación de un estudio jurídico con el que se presentaron distintas observaciones al proyecto de continuidad de la minera los años 2013, 2014 y 2015”, dijo el fiscal Miranda. Agregando que de acuerdo a lo establecido en dichos documentos tramitados por la Municipalidad, se buscaba obtener una reparación del medioambiente dañado con ocasión de las explotaciones mineras en la comuna.
En ese contexto, con una demanda por reparación del daño ambiental presentada por la Municipalidad, además de denuncias por daños al medioambiente, oposiciones y solicitudes de rechazo al proyecto de continuidad tramitado por la minera; el alcalde de la época junto a personal interno del Municipio coordinaron reuniones con representantes de la minera. Encuentros en que de acuerdo lo indicado por el fiscal Miranda, tuvo un rol determinante el segundo imputado formalizado este martes, el director de desarrollo de negocios y relaciones gubernamentales del Minera Candelaria, Miguel Troncoso Guzmán, quien según lo expuesto en la audiencia desarrolló negociaciones orientadas a que la Municipalidad de Tierra Amarilla no ejerciera o derechamente se desistiera de las acciones legales ya en curso.
ACUERDO
Fue así que luego de largas negociaciones en la sesión del Concejo Municipal de la mencionada comuna, el 01 de septiembre de 2015 y en la que tomaron parte ambos imputados, se expusieron los alcances y ventajas del convenio de colaboración entre las partes supuestamente en conflicto, no así los detalles económicos que involucró dicho acuerdo.
Sin embargo, en el acta de la sesión de concejo quedó explicitada la aprobación de tres documentos que derivaron en transacciones en dinero. El primero de ellos por una suma de 7 millones de dólares, el segundo un convenio de cooperación entre ambas partes que significó el compromiso de aportar, por parte de la minera, cerca de 40 millones de dólares en dos etapas y en un plazo de diez años. Estos aportes en dinero involucraron acuerdos de parte de la Municipalidad de Tierra Amarilla, los que decían relación con no perseverar con la demanda interpuesta en el Tribunal Ambiental, además de declarar y reconocer la inexistencia de daño ambiental alegados en las demandas. Finalmente, el municipio se comprometió a renunciar al ejercicio de acciones, derechos y pretensiones vinculadas a controversias sobre algún daño ambiental. Todo lo cual fue cumplido por el imputado Delgado Quevedo.
De éstos, se concretó el pago de la primera cifra (7 millones de dólares) tres de los cuales se destinaron de manera directa a las arcas municipales y los cuatro restantes, por cuenta del municipio, al pago de honorarios de asesores y abogados externos.
Los hechos, de acuerdo a la calificación jurídica de la Fiscalía de Atacama, dan cuenta en relación al imputado Troncoso del delito de soborno, en contra de quien se decretó la medida cautelar de arraigo nacional además de un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación. Respecto del ex edil de la comuna de Tierra Amarilla, el delito por el que se le investiga se conocerá en la formalización que fue fijada para el próximo 24 de noviembre.