Este viernes el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG)—organismo dependiente del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género— informó que presentó una querella contra el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas.
Según se ha conocido, la acción judicial se realizó tras una denuncia hecha por una funcionaria de la gobernación, por el supuesto delito de abuso sexual.
Si bien el SernamEG, no puntualizó sobre el delito por el que se le acusa a la autoridad, sí informó que “tal como establecen nuestro mandato y los protocolos del Servicio, una vez que la denunciante se acercó a la dirección regional, se le ofreció representación jurídica, la cual fue aceptada”.
Asimismo, puntualizó que “además de la representación judicial, SernamEG le está entregando semanalmente atención psicosocial, a través del Centro de Atención Especializada en Violencias de Género de la Región de Atacama”.
Además, se explica que “la Fiscalía Regional de Atacama mantuvo la causa en carácter de secreta, en resguardo de las diligencias investigativas aún pendientes y de la dignidad y seguridad de la denunciante”.
Finalmente, puntualizan que “hemos solicitado al tribunal reserva de todos los antecedentes de la víctima, esperando que ellos también sean protegidos por los distintos medios de comunicación y actores involucrados. Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género rechazamos todo acto de violencia contra las mujeres y reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas, con su acceso a la justicia, protección y reparación, resguardando la confidencialidad de los procesos y evitando cualquier forma de revictimización”.
Por su parte, la defensa del Gobernador Regional, y por medio de una declaración pública emitida por el abogado Patricio Pinto Castro se refirió a la denuncia. En ella se descartan los hechos denunciados y se manifiesta la voluntad de su defendido en contribuir con el Ministerio Público.
«En relación con una denuncia que actualmente se encuentra bajo reserva judicial, y que involucra al Gobernador Regional, manifestamos que nuestro representado no ha sido formalizado, ni ha sido citado a declarar por el Ministerio Público. No existe a la fecha solicitud alguna de formalización ni diligencias en curso que comprometan su situación procesal», se señala en el comunicado.
Agrega que: «El Gobernador Regional ha puesto desde el primer momento a disposición de la justicia toda su colaboración, manifestando su voluntad de contribuir activamente al esclarecimiento de los hechos. Es importante precisar que la persona denunciante no tiene ni ha tenido relación laboral con el Gobierno Regional, ni ocupa cargo alguno en la administración pública, tal como erróneamente informó un medio de comunicación nacional. No existe entre ella y el Gobernador vínculo profesional, jerárquico ni institucional alguno».
En relación a que la denunciante sea funcionaria del Gobierno Regional de Atacama, la defensa informa que no tendría relación alguna con esta entidad: «Nuestro representado rechaza categóricamente cualquier insinuación de conducta coercitiva, violenta o abusiva. El hecho aludido se refiere a un encuentro de carácter estrictamente personal, voluntario, radicado en el ámbito de la vida privada, sin implicancias institucionales ni conexión alguna con el ejercicio del cargo».
«La defensa se encuentra a la espera de conocer el detalle de la denuncia y sus fundamentos, con pleno respeto al debido proceso, sin emitir juicios mediáticos que interfieran con la labor de los tribunales. Solicitamos a los medios de comunicación abordar este tema con la responsabilidad que exige el respeto a las garantías constitucionales, evitando prejuicios, filtraciones y opiniones anticipadas» finalizó el comunicado.