La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) es un actor clave en el desarrollo de la pequeña minería y un referente a nivel internacional en la lucha contra la minería ilegal. En países donde esta actividad opera al margen de la ley, muchas veces los compradores de minerales son grupos ilegales vinculados al narcotráfico. ENAMI, en cambio, ha sido un modelo de formalización y fomento, permitiendo a los pequeños mineros acceder a precios competitivos, financiamiento y apoyo técnico.
A través de su rol como poder de compra estatal, ENAMI no solo mejora la comercialización del mineral para los pequeños productores, sino que también garantiza condiciones justas y fomenta el cumplimiento de normativas laborales y ambientales. Ha sido una herramienta fundamental para evitar que el negocio minero en Chile caiga en manos de mercados informales o de actores sin regulaciones.
Sin embargo, hoy se discute el Proyecto de Modernización y Gobernanza de ENAMI, que propone remover del directorio a la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH), dos instituciones clave en la representación de los mineros y en el resguardo de la visión técnica de la entidad.
¿Por qué SONAMI debe seguir en el directorio? Porque representa directamente a los pequeños mineros, los mismos a quienes ENAMI debe apoyar. Su presencia en la toma de decisiones es fundamental para mantener el enfoque en el propósito original de la empresa: fomentar y fortalecer a la pequeña minería.
¿Por qué el IIMCH es clave? Porque es una entidad técnica, independiente y con una trayectoria de aporte al desarrollo de la industria. Su inclusión en el directorio garantiza una visión profesional, desligada de intereses políticos, basada en el conocimiento y la experiencia.
Nadie discute que toda empresa estatal debe contar con representación del gobierno, independiente de su signo político. Es natural y lógico que el Ejecutivo participe en sus decisiones, pues debe alinear las instituciones con el plan de gobierno elegido democráticamente. El problema surge cuando la modernización se convierte en sinónimo de exclusión, cuando en lugar de mejorar la gestión, se eliminan contrapesos clave para su buen funcionamiento.
Hoy, ENAMI enfrenta grandes desafíos. Su modernización no pasa por politizar su directorio ni por marginar a quienes resguardan su misión. Lo que realmente se necesita es fortalecer su gestión, optimizar su administración, incorporar herramientas tecnológicas que agilicen procesos y establecer mecanismos de control eficientes que aseguren decisiones basadas en criterios técnicos y no políticos. Quienes sean la voz de quienes son afectados por sus decisiones, independiente que otros directores sean elegidos por concurso público, siendo mayoría en el directorio y donde la decisión en las ternas las lleva el Estado.
Si queremos que ENAMI siga siendo un modelo de desarrollo para la pequeña minería, debemos enfocarnos en lo que realmente importa: hacerla más eficiente, transparente y sostenible. La minería chilena necesita certezas, no incertidumbre. Modernizar sí, politizar no.
La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) es un actor clave en el desarrollo de la pequeña minería y un referente a nivel internacional en la lucha contra la minería ilegal. En países donde esta actividad opera al margen de la ley, muchas veces los compradores de minerales son grupos ilegales vinculados al narcotráfico. ENAMI, en cambio, ha sido un modelo de formalización y fomento, permitiendo a los pequeños mineros acceder a precios competitivos, financiamiento y apoyo técnico.
A través de su rol como poder de compra estatal, ENAMI no solo mejora la comercialización del mineral para los pequeños productores, sino que también garantiza condiciones justas y fomenta el cumplimiento de normativas laborales y ambientales. Ha sido una herramienta fundamental para evitar que el negocio minero en Chile caiga en manos de mercados informales o de actores sin regulaciones.
Sin embargo, hoy se discute el Proyecto de Modernización y Gobernanza de ENAMI, que propone remover del directorio a la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH), dos instituciones clave en la representación de los mineros y en el resguardo de la visión técnica de la entidad.
¿Por qué SONAMI debe seguir en el directorio? Porque representa directamente a los pequeños mineros, los mismos a quienes ENAMI debe apoyar. Su presencia en la toma de decisiones es fundamental para mantener el enfoque en el propósito original de la empresa: fomentar y fortalecer a la pequeña minería.
¿Por qué el IIMCH es clave? Porque es una entidad técnica, independiente y con una trayectoria de aporte al desarrollo de la industria. Su inclusión en el directorio garantiza una visión profesional, desligada de intereses políticos, basada en el conocimiento y la experiencia.
Nadie discute que toda empresa estatal debe contar con representación del gobierno, independiente de su signo político. Es natural y lógico que el Ejecutivo participe en sus decisiones, pues debe alinear las instituciones con el plan de gobierno elegido democráticamente. El problema surge cuando la modernización se convierte en sinónimo de exclusión, cuando en lugar de mejorar la gestión, se eliminan contrapesos clave para su buen funcionamiento.
Hoy, ENAMI enfrenta grandes desafíos. Su modernización no pasa por estatizar absolutamente su directorio ni por marginar a quienes resguardan su misión. Lo que realmente se necesita es fortalecer su gestión, optimizar su administración, incorporar herramientas tecnológicas que agilicen procesos y establecer mecanismos de control eficientes que aseguren decisiones basadas en criterios técnicos y no políticos. Quienes sean la voz de quienes son afectados por sus decisiones, independiente que otros directores sean elegidos
por concurso público, siendo mayoría en el directorio y donde la decisión en las ternas las toma el Estado.
Si necesitamos que ENAMI siga siendo un modelo de desarrollo para la pequeña minería, debemos enfocarnos en lo que realmente importa: hacerla más eficiente, transparente y sostenible. La minería chilena necesita certezas, no incertidumbre. Modernizar sí, politizar no.