El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó el sobreseimiento temporal de los abogados Hernán Bosselin Correa y Ramón Briones Espinosa, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de cohecho pasivo, ilícito presuntamente perpetrado entre 2013 y 2015, en la comuna de Tierra Amarilla.
En la audiencia de formalización y sobreseimiento (causa rol 6.553-2019), el magistrado Salvador Briceño Guevara acogió la solicitud de las defensas por considerar que, en la especie, previo al juzgamiento penal se debe resolver la causa abierta en sede civil sobre los mismos hechos, según lo estipula el artículo 171 del Código Procesal Penal.
“Es de público conocimiento que existe un recurso de casación en el fondo y en la forma (causa rol 4.308-2021) ante la Excelentísima Corte Suprema, referida a una sanción en contra de la Compañía Minera Candelaria”, planteó el magistrado Briceño Guevara, quien agregó que por ello, “la causa penal no puede proseguir en tanto no se resuelva el recurso de casación que se encuentra en el máximo tribunal, dada la posibilidad de que se generen pronunciamientos irreconciliablemente contradictorios”.
“Existen cuestiones relativas al derecho ambiental que forman parte de la construcción fáctica que realiza el Ministerio Público para imputar el ilícito a cada uno de los imputados. En tal sentido, más allá que puedan existir resoluciones que tienen el mérito de cosa juzgada, existe un pleito que dice relación con sanciones que se le imponen a uno de los imputados producto de un daño ambiental”, afirmó.
Según el ente persecutor, el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado Quevedo (fallecido), concertado y asesorado por los abogados Jaime Mulet Martínez (hoy diputado y con fuero parlamentario), Ramón Briones Espinoza y Hernán Bosselin Correa, solicitó y aceptó con infracción a los deberes del cargo, el pago de beneficios económicos para el municipio y terceros, de parte de la compañía contractual Minera Candelaria, acordando un contrato de transacción sobre daño ambiental, en contravención a la ley.
En dicho contrato, el municipio renunciaba o no perseveraba en la acción de reparación de daños ambientales producidos en la comuna por la empresa minera; se comprometía a comunicar a la OCDE a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que las partes habían llegado a un acuerdo; declarar y reconocer sin reserva la inexistencia de daño ambiental alegado en demandas, denuncias o acciones existentes en base a un nuevo estudio en el que se señalaba que no existían tales daños o no habían sido provocados por Candelaria.
Asimismo, en el acuerdo transaccional, la Municipalidad de Tierra Amarilla se obligaba a renunciar a cualquier pretensión encaminada a la impugnación de la resolución de calificación ambiental ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que calificó favorablemente el proyecto de continuidad operacional Candelaria 2030, y renunciaba al ejercicio de todas las acciones, pretensiones y derechos de cualquier naturaleza vinculados a la controversia de daño ambiental.
En la práctica, para la fiscalía, las conductas desplegadas por el equipo de abogados conformado por Jaime Mulet, Hernán Bosselin y Ramón Briones, se trasuntaron en instar de consuno al alcalde Quevedo para aceptar los beneficios económicos para terceros a cambio de incumplir los deberes de su cargo; colaborando activamente en la conducta del alcalde al tener un rol determinante desplegada en actos propios en negociación y redacción de esta transacción ilegal, que significó acordar un contacto de transacción en materia ambiental en contravención expresa con lo dispuesto en la artículo 44 de la ley 20.600, a cambio del pago de sumas de dinero para terceros y sin contar con la aprobación previa e informada del concejo municipal.
De acuerdo a la Fiscalía, el beneficio económico solicitado por el alcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado Quevedo previa asesoría del equipo de abogados mencionado, alcanzó la suma de siete millones de dólares, de los cuales, tres millones de dólares quedaron en arcas municipales y los restantes cuatro millones de dólares, por cuenta del municipio, pero sin pasar por las arcas municipales, se destinaron al pago de honorarios de los asesores y abogados Bosselin y Briones.