Luego que la Corte Suprema acogiera la acción cautelar presentada por las comunidades indígenas atacameñas Camar y Coyo poniendo fin a la licitación internacional del litio impulsada por el Gobierno de Piñera, argumentando que en las bases del proceso "no se cumplió con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa, como estipula la ley", el Gobernador Regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, informó que el Gobierno Regional Atacama se desistirá del recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Copiapó.
Lo anterior debido a que los dos fallos respecto de la licitación del litio que se formuló en la administración anterior, ventilados en la Excma. Corte Suprema, resolvieron 3 cosas:
1) Dejó sin efecto las bases de licitación pública,
2) Dejó sin efecto el decreto n° 23 del 27/07/2021 del Ministerio de Minería, que hizo el llamado a la licitación.
3) Dejó sin efecto la adjudicación de contratos de exploración, explotación y comercialización de dos cuotas de 80.000 toneladas de litio metálico comerciable cada una, a las empresas ByD Chile SPA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. contenidas en las resoluciones exentas n° 68 y 69 del Ministerio de Minería de fecha 12 de enero de 2022, que adjudicó a estas dos empresas las cuotas señaladas.
Tras la decisión el Gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa precisó que “si ya la Corte Suprema emite un pronunciamiento bastante contundente en esta materia, no tiene mucho sentido que el Gobierno regional persista con su acción judicial. Ahora, sí queremos considerar algunas disposiciones contempladas por la Corte Suprema, fundamentalmente y donde identifica un vicio, en que la licitación no contemplaba los lugares donde se iban a materializar los proyectos en cuestión, y al no contemplarse los lugares, eso inhibe o dificulta la participación ciudadana, específicamente lo que alegan las comunidades indígenas, la aplicabilidad del Convenio 169”.
“Eso también tiene que ver con los argumentos que esgrimió el propio Gobierno Regional, porque nosotros dijimos en nuestro recurso, que en decisiones de este tipo tienen que estar considerados los territorios, las comunidades. Nosotros estimamos que cuando el Estado tome una decisión de esta envergadura, es fundamental para que esta iniciativa tenga éxito, que exista participación, sobre todo de los territorios involucrados. Hay que tener presente que los recursos del litio están preferentemente en la región de Atacama y en la región de Antofagasta, así que el argumento esgrimido por la Corte Suprema nos parece muy potente”, aseveró la primera autoridad de Atacama.
Adicionalmente, respecto a las proyecciones en torno al litio, Vargas aseveró que está en sintonía con lo que ha manifestado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric “nos parece que se está yendo por el camino correcto, y si analizamos la presentación que hizo la Ministra de Minería en el Parlamento respecto de la visión que se está teniendo sobre el futuro de este recurso, nos parece bien que se apunte a crear una nueva institucionalidad del litio en el país, que se esté pensando en desarrollar más investigación asociada a este recurso y aspiramos a que cuando se tomen definiciones se considere a la región de Atacama, ojalá que un instituto de investigación de estas características esté en nuestra región”.
“Lo que sí vamos a solicitar al Ministerio de Minería, porque no lo vimos en la presentación que conocemos, es que en esta mesa de trabajo que está abordando esta materia, estén presentes las regiones involucradas, la región de Atacama, la región de Antofagasta. No vimos ahí el interés del Gobierno Central de incorporar a los Gobiernos Regionales en la discusión” afirmó el Gobernador, agregando que en Atacama “ya se inició un proceso de discusión asociado a la Estrategia Regional de Desarrollo, y en ella el tema del litio va a estar muy presente. Por lo mismo, queremos que la voz de Atacama también sea escuchada en instancias de decisión de carácter nacional”, afirmo la primera autoridad regional.