Con el inicio del año escolar 2026, entró en vigencia la ley 21.801, conocida como la normativa que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educacionales, incluyendo aparatos electrónicos como tablets, relojes inteligentes y cualquier dispositivo de mensajería o comunicación personal durante la jornada escolar, medida conocida como Modo Aula. Por otro lado, existen algunas excepciones, en caso de situaciones especificas con fines pedagógicos, razones de salud, necesidades educativas o emergencias.
Para la Mg. Inés Gahona, la restricción del uso de dispositivos digitales como los móviles en las aulas podría generar impactos positivos en los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, puesto que, estos aparatos interfieren en su atención, concentración y en gran parte en sus procesos formativos.
“Entre las principales ventajas de estas prácticas se destacan una mayor concentración y atención en las clases, el fortalecimiento de habilidades sociales mediante una interacción directa, donde los alumnos se hablan, escuchan y se observan físicamente, además de una participación más activa en los procesos pedagógicos, aspectos claves en su formación inicial. Asimismo, disminuirían los conflictos asociados a grabaciones de situaciones dentro del espacio escolar o a la difusión de contenido sin consentimiento”, sostuvo la especialista.
No obstante, según la profesional su implementación deberá ser progresiva, clara y no solo punitiva, enseñándole al pupilo a usar la tecnología de manera crítica, responsable y funcional para el aprendizaje.
“Como sociedad, sabemos que existe una dependencia importante hacia estos artefactos, por lo que sería fundamental que más que una prohibición del uso, esta ley debería ir acompañada de estrategias de educación digital, que enseñen a las y los estudiantes a utilizar la tecnología con ética y responsabilidad”, agregó.
Uso excesivo de artefactos tecnológicos
Si bien, los avances de las tecnologías han facilitado el acceso a información y recursos, potenciando el aprendizaje autónomo y la investigación en menores, la psicología y la neuropsicología han evidenciado que un uso excesivo podría ser causante de diversos efectos negativos en niños, niñas y adolescentes.
“Los mayores impactos que pueden ocurrir son: disminución de la capacidad de atención sostenida, dificultades en la autorregulación emocional, alteraciones del sueño, mayor riesgo de ansiedad y autoestima, disminución de actividades como la lectura, el juego e interacción social de manera presencial. Por ello, la regulación del uso de estos dispositivos desde edades tempranas resulta crucial para proteger ciertos procesos claves del crecimiento de una persona”, añadió.
Rol de las familias
En cuanto al entorno, Gahona explica que las familias cumplen un rol imperativo en el apoyo de la implementación efectiva de esta legislación, estableciendo límites con respecto al uso de los dispositivos digitales.
“Partamos de la idea de que los padres, madres y/o tutores no deben delegar toda la responsabilidad de formación en el establecimiento educacional, por el contrario, debe existir una relación estrecha y colaborativa entre el establecimiento educacional y el hogar. Desde esta perspectiva, las familias pueden, por ejemplo, establecer límites claros respecto del uso de los celulares, supervisar el acceso a redes sociales y contenidos digitales, así como conversar con sus hijas e hijos sobre los riesgos y beneficios del uso de la tecnología”, comentó.
Promover el bienestar psicológico en el ámbito escolar no solo consolida la vida emocional y social de los jóvenes, sino que también sienta las bases para su éxito académico presente y futuro. Una aplicación de la ley centrada en la educación y el acompañamiento, en lugar de la sanción, podría transformar la experiencia escolar en un espacio más seguro y motivador, preparando a los jóvenes para enfrentar con confianza los desafíos de la educación superior.