La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó este lunes la solicitud del Ministerio Público de desaforar al gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, y determinó que no se dé lugar a la formación de causa en su contra por el delito de abuso sexual.
En un fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Meneses Coloma, Pablo Krumm de Almozara y Aída Osses Herrera– resolvió que los antecedentes presentados por la Fiscalía resultaron insuficientes para justificar la existencia del delito y, en consecuencia, para privar al gobernador del fuero que lo resguarda.
El fallo establece que la evidencia aportada por el Ministerio Público “no impresiona suficiente para entender constatados los elementos básicos de la imputación que se le atribuye al gobernador regional”, agregando que los antecedentes “no revelan el proceder con fuerza ni permiten advertir algún grado de intimidación atribuible a la autoridad”.
Asimismo, el tribunal valoró especialmente el material videograbado, al considerar que este “exhibe una magnitud suficiente para formarse una idea de la forma en que ocurrieron los hechos”, mientras que la prueba complementaria fue catalogada como carente de la misma entidad.
“En consecuencia, no advirtiéndose de la prueba presentada los elementos fácticos suficientes para dar por plausible (…) los elementos que configuran las circunstancias de comisión previstas en el artículo 361 del Código Penal, resultará desechada la solicitud de desafuero porque no se ha podido justificar la existencia del delito que se investiga”, concluye la resolución.
De esta manera, la corte resolvió: “se rechaza la solicitud de desafuero formulada en contra de Miguel Eduardo Vargas Correa, gobernador regional de Atacama y, en consecuencia, se impide la formación de causa a su respecto para investigar la eventual responsabilidad penal que le haya correspondido”.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Carlos Meneses Coloma, quien se manifestó a favor de acoger la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía.