La ley que regula la extracción de áridos en cauces naturales fue despachada tras su aprobación en ambas cámaras del Congreso, luego del trabajo de una Comisión Mixta. Con ello, la iniciativa queda a la espera de su promulgación presidencial, marcando un avance en la regulación de una actividad históricamente dispersa.
La normativa establece por primera vez un marco regulatorio único, con procedimientos claros de autorización, diferenciando extracciones mayores y menores. Además, fija plazos, zonas de prohibición y planes de cierre, reforzando el rol fiscalizador de los organismos competentes y las consecuencias ante eventuales incumplimientos.
Uno de los ejes centrales es la trazabilidad de los áridos, mediante certificados de origen, control del transporte y un registro público administrado por la Dirección de Obras Hidráulicas. La ley apunta a combatir la extracción ilegal, proteger ecosistemas, reducir riesgos ambientales y entregar mayor certeza jurídica al sector productivo.