El diputado Joaquín Lavín León quedó en la mira judicial luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpusiera una querella por presuntos delitos tributarios. La acción se sustenta en un total de 34 facturas electrónicas emitidas entre 2017 y 2024 por Imprenta MMG S.A., de las cuales 31 fueron presentadas al Congreso Nacional, 2 al Servel y otras 6 anuladas con notas de crédito.
El SII asegura que todos los documentos eran falsos, incluyendo 32 facturas y 2 notas de crédito que daban cuenta de supuestos trabajos de impresión —como cuentas públicas, flyers y material publicitario— que nunca se ejecutaron.
Según la querella, Lavín además habría presentado formularios de impuestos incompletos, lo que le permitió ocultar ingresos y reducir su carga tributaria, generando un perjuicio fiscal superior a $10 millones.
El mecanismo denunciado consistía en rendir facturas falsas al Congreso y, tras recibir los pagos, emitir notas de crédito para anular los documentos, dejando un vacío contable mientras el dinero ya había sido cobrado.
El caso está ahora en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, que deberá decidir si procede la formalización del diputado y de sus eventuales colaboradores, delitos que contemplan penas de presidio y elevadas multas.